Los países de tránsito por donde pasan las rutas migratorias, lejos de las miradas y de los mecanismos de control, han ido desarrollando sistemas para impedir la llegada a Europa. La falta de acceso a visados, la ausencia de otras herramientas, la ineficacia administrativa de embajadas y consulados, y la financiación europea destinada a ejércitos y cuerpos policiales para bloquear a los migrantes conforman un entramado que impide la movilidad transnacional.

La Unión Europea aplica la figura de “tercer país seguro”, un mecanismo que autoriza a las autoridades a devolver a personas refugiadas al país del que provienen, aunque no sea su país de origen, siempre que este sea considerado un país “seguro”. Este mecanismo vulnera los derechos de las personas refugiadas, negándoles la posibilidad de presentar una solicitud de asilo en un país europeo.

Cada obstáculo en el camino migratorio tiene como objetivo impedir que las personas en movilidad se acerquen a las fronteras de la Unión Europea. Esta estrategia no solo viola el derecho internacional, sino que también niega la protección a los migrantes y les expone a nuevos riesgos en los llamados países de tránsito considerados “seguros”.